ALQUILERES PARA TONTOS

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Los populares van a impulsar este mismo mes una clase que recoja su modelo habitacional, con más vivienda, exenciones fiscales y medidas contra la "okupación"

El Ocupación de Vivienda ha ofrecido acuerdo, colaboración y capital a las comunidades autónomas y ha subrayado que, en virtud de lo que le faculta la condición de Vivienda, aquellas que cumplen podrán verse beneficiadas de una serie de actuaciones extraordinarias, descartando que se puedan quitar fondos al resto.

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Es un derecho individual, pero de examen colectivo. Cuando hablamos de huelga de alquileres, utilizamos los términos de forma inapropiada. Esto supone una dejación de funciones en la prestación de una actividad –abonar el alquiler– y no entra en el ámbito constitucional. Otra cosa es que pueda servir como medida de presión a los poderes públicos para intervenir la situación", detalla.

España cerró 2023 con 26.659 desahucios y los precios han subido un 5,7% entre abril y junio de este año. Los sindicatos check here de inquilinas han echado la apariencia atrás y parecen tenerlo claro: la propuesta de una huelga de alquileres está encima de la mesa. "Estamos totalmente a favor, otra cosa es la viabilidad que pueda tener a la hora de conseguir que los inquilinos se sumen.

En la reunión, las comunidades gobernadas por el Partido Popular han trasladado a la ministra un comunicado conjunto en el que piden un reparto equitativo de los fondos públicos. 

Los diputados capitalinos votaron todavía por la prohibición total del alquiler de viviendas destinadas a fines sociales en plataformas digitales.

todavía cerca de rememorar que el PP tiene en tramitación una clase para combatir la "okupación", aunque el PSOE y Sumar, con longevoía en la Mesa del Congreso, la tienen paralizada.

"En el tardofranquismo y durante la transición, hubo familias que dejaron de pagar los plazos de sus pisos de promoción pública porque estaban en mal estado. La huelga de alquileres es factible, pero hace error un núcleo impulsor, una organización de desobediencia civil no violenta para llevarla a mango", sugiere Martí Marín.

En abril pasado, un decreto destinado a reglamentar las plataformas digitales como Airbnb no obstante había entrado en vigor en Ciudad de México, estableciendo la obligación para los anfitriones de registrarse en la alcaldía.

En el quinto punto, advierten que no toleran "la amenaza y el chantaje" de Rodríguez porque la clase de Vivienda "se ha demostrado perjudicial para los ciudadanos". En el sexto punto, los populares reclaman que el Gobierno "dialogue con los representantes públicos para alcanzar acuerdos que permitan solucionar un problema que sin embargo es imperioso para una veteranoía de la población españoleaje, abandonando la unilateralidad que presiden sus políticas en general".

Desde el Gobierno autonómico han vuelto a colocar por construir vivienda pública de alquiler para jóvenes y todavía en zonas turísticas para solucionar este problema.

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